Pronunciamiento 003-2021
Bogotá, mayo 5 de 2021.
Desde Transparencia por Colombia lamentamos profundamente las muertes y agresiones injustificadas en el marco de las movilizaciones que se han realizado en distintos lugares del país. Rechazamos todas las formas de violencia que opacan las manifestaciones ciudadanas, y hacemos un llamado a la institucionalidad para que mantenga las garantías a los derechos de movilización, participación y la protesta ciudadana.
Desde hace varios años realizamos un seguimiento a las condiciones que permiten que la ciudadanía participe en el control al ejercicio del poder y, de esta manera, hacer parte de un sistema democrático de pesos y contrapesos. Esas condiciones incluyen, entre otros aspectos, las garantías para el derecho de acceso a la información pública, la libertad de expresión, el derecho a la participación y a la protesta, y el respeto a los derechos humanos.
Esas condiciones se han deteriorado en años recientes y siguen siendo afectadas en medio de la situación actual del país, como consecuencia de las descalificaciones hacia la movilización ciudadana, por la violencia de quienes quieren empañar el ejercicio de un deber cívico, y por las extralimitaciones de la fuerza pública en distintas ciudades del país, que ya han provocado pronunciamientos de preocupación por parte de organismos internacionales.
El amplio rechazo que generó la propuesta de Reforma Tributaria del Gobierno Nacional, reavivó también distintas tensiones sociales, políticas y económicas, muchas de las cuales eran visibles desde noviembre de 2019, pero que quedaron desatendidas luego de la “Conversación Nacional” propuesta por el Presidente Iván Duque. A lo anterior se suman los graves efectos causados por la pandemia que ha llevado al país a una situación fiscal muy delicada, a niveles de pobreza que afectan a más de 21 millones de personas, a niveles de inequidad social nunca antes vistos, y a una crisis sanitaria y económica sin precedentes.
Las numerosas manifestaciones de la ciudadanía, así como los múltiples intentos de académicos, expertos, gremios y distintas voces que buscan aportar propuestas para enfrentar la situación, contrastan con una institucionalidad distante al diálogo. Aún más, la escasa reacción de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo pareciera dar razón a las críticas sobre su falta de independencia respecto al ejecutivo, siendo precisamente las instituciones que deberían estar liderando la defensa de los derechos humanos.
Ante esta situación, debemos avanzar hacia un diálogo informado e incluyente que aporte soluciones para toda la población, especialmente para quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Este diálogo no puede caer en el vacío, ni servir solamente para evitar protestas. Más bien, debe servir para recuperar la confianza en las instituciones y tener como horizonte la reconstrucción del sentido de lo público, por encima de liderazgos e intereses particulares.
A continuación, puedes consultar la versión en inglés de nuestro pronunciamiento:
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