El escándalo provocó la caducidad del contrato con la Unión Temporal, la salida de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, y derivó en varias investigaciones en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que se encuentran en curso. Al final, se conocieron quiénes eran los beneficiarios de estos consorcios.
Centros Poblados, ¿quiénes se quedaron con los 70 mil millones?
En junio de 2021 se conoció que la Unión Temporal – Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas con el fin de quedarse con el millonario contrato de MinTic para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales de Colombia, y que implicó además el giro irregular de un anticipo por $70.000 millones.
Ilustración: Juan Carlos Duarte
El principio del fin
El 9 de diciembre de 2020, la entonces ministra Karen Abudinen, anunció la adjudicación del proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país. El proceso de adjudicación fue dividido en dos regiones (A y B).
La región A fue adjudicada al operador Comcel S.A. para adelantar la conexión de 7.468 Centros Digitales.
La región B fue adjudicada al operador Unión Temporal Centros Poblados, con el compromiso de conectar 7.277 centros digitales hasta 2031, por 1,7 billones de pesos colombianos ¡Hasta acá, todo iba bien!
Estalló el escándalo
En junio del 2021, la prensa reseñó el incumplimiento de los compromisos contractuales de Centros Poblados, teniendo en cuenta que para el 30 de abril no se había instalado ni un solo de los puntos digitales (W Radio, 2021).
El 25 de junio de 2021 la Coordinación de Actuaciones Administrativas Contractuales del Ministerio convocó a una audiencia de presunto incumplimiento a la Unión Temporal y el Banco Itaú, el cual figuraba como la entidad bancaria garante de Centros Poblados. Sin embargo, durante la reunión, la apoderada del banco en ese proceso, indicó que la garantía que se presentó en el contrato no fue expedida por esa entidad bancaria (Agencia de Periodismo Investigativo, API, 2021). Es decir, la Unión Temporal habría presentado garantías falsas del Banco Itaú, que le permitieron hacerse con el contrato y acceder a un adelanto de $70.243 millones de pesos colombianos de forma irregular.
Las acciones emprendidas por MINTIC
Los errores que se pasaron por alto en la adjudicación
¡Los antecedentes que nadie vio!
FUNTICS (ahora NOVOTIC) estuvo en la mira de la Contraloría por irregularidades como llevar internet a instituciones que ya lo tenían, cobrar hasta 65 % de más o hacerlo por servicios no prestados en La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. (La Silla Vacía, 2020).
2009
La firma ICM Ingenieros, de Álvaro Cruz (exgobernador de Cundinamarca), junto con la empresa Incoasfaltos, conformaron la Unión Temporal Asfaltos 2009, con la que participaron en la licitación de un contrato para restaurar la malla vial de Bogotá, por un valor de casi $24.000 millones de pesos. La Fiscalía tiene evidencias del pago de $800 millones de pesos colombianos hecho por Cruz para quedarse con ese negocio, por lo cual fue condenado a seis años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado. (Corrupción al día, 2021).
2015
Rebaje García, de OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S., figura como uno de los subcontratistas en el escándalo de corrupción en los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, en Ibagué. (Las 2 Orillas, 2021).
2018
En diciembre de 2018, la Contraloría llamó la atención mediante un informe, sobre la concentración de La ampliación del objeto social de tres de las empresas de la Unión Temporal presuntamente tuvo como propósito aparentar una supuesta ‘idoneidad’ para cumplir con el contrato, y de esa forma asegurar el “cumplimiento” de ese requisito .la contratación en pocas empresas. La entidad de control señaló que el mayor contratista en la región Caribe era FUNTICS con contratos, hasta el 2018, que superan los $3 billones de pesos. (El Tiempo, 2021).
La cereza del pastel
En diciembre de 2020, Centros Poblados presentó las garantías de cumplimiento general del contrato, buen manejo y correcta inversión del anticipo, y de pago de salarios y prestaciones sociales, todas falsas. (La W Radio, 2021). En este punto, habría una presunta negligencia del contratista Sescolombia SAS, contratado por el ministerio, única y exclusivamente, para la revisión de las garantías bancarias otorgadas por los proponentes en el proceso. (Ámbito Jurídico, 2021).
Y por si fuera poco…
El ministerio procedió a hacer el desembolso del valor del anticipo, por $70.243 millones de pesos colombianos (6,55 % del total del contrato) con el cual se pretendía hacer la compra de equipos de tecnología. Esto se hizo a través de una fiducia, y con la vigilancia y aprobación de la firma interventora (Consorcio PE 2020 C Digitales).
Las mentes maestras detrás del gran robo – beneficiarios finales
Emilio Tapia más conocido como el “Zar de la contratación” por su participación en el Carrusel de la Contratación, el millonario robo de las arcas de Bogotá en la administración de Samuel Moreno en 2010. Fue sindicado de lavar dineros provenientes de la corrupción en los contratos y compra de bienes usando testaferros para ocultar dineros, y condenado por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos a 17 años de cárcel, pena que luego fue reducida a siete años.
En el caso de Centros Poblados, Tapia no aparece oficialmente vinculado a las empresas, pero sí lo hacen personas cercanas a él, como Herles Ariza en ICM Ingenieros, y a Ottomar Lascarro Torres, quien sería su socio. De ahí que, algunos testigos estrella de la Fiscalía como Juan Carlos Cáceres (propietario de NOVOTIC y Nuovo Security S.A.S) y Robert Antonio Gómez (representante legal de NOVOTIC), afirmen que Tapia estaba detrás de las garantías presuntamente falsas, que controlaba 3 de las 4 firmas (ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costas SAS y Omega Buildings Constructora SAS) que suman el 65 % de la composición accionaria de Centros Poblados, y que fue el estructurador del entramado desde el inicio. (La FM, 2021).
Ottomar Lascarro Torres y Jalím de Jesús Rebaje García son accionistas de dos empresas: Lastor Inversiones del Caribe S.A.S. y OLT Construcciones S.A.S. Esta última, es una sociedad por acciones simplificadas matriculadas en 2006 y con domicilio registrado en la ciudad de Barranquilla. Se dedica principalmente a construcción de carreteras y vías de ferrocarril. La empresa nació con el nombre de Gustavo Fontalvo y su banda, creada para animar fiestas y eventos culturales, que luego pasó a llamarse OLT Construcciones del Caribe S.A.S. El 19 de junio de 2012, cambió finalmente su razón social a OLT Logistics S.A.S., y logró entre 2013 y 2015, millonarios contratos con el Estado.
En procesos de contratación pública, la transparencia sobre los beneficiarios finales mediante un Registro Único de Beneficiarios Finales se configura como una herramienta útil y necesaria para conocer quiénes son las personas naturales que están detrás de personas jurídicas contratando y que se benefician de dichos contratos.
Ya les seguían la pista
Desde 2016, Carlos Felipe Córdoba, actual Contralor General de la República, denunció que a través de 69 redes o mallas empresariales se concentraba la contratación pública del país y que estas se quedaban con $7,4 billones de pesos de $19 billones de pesos contratados. Una de las firmas denunciadas por Córdoba fue OLT Logistic S.A.S., asegurando que la empresa había pasado de hacer música a prácticamente contratar en todo el país, y señaló que la firma tenía una sanción y una inhabilidad para contratar con el Estado hasta el 2019. (La W Radio, 2021).
A finales de 2021 se conoció por testimonio de Juan Carlos Cáceres desembolso de los $ 70 mil millones, US $300 ante la Fiscalía, mil fueron girados a OLT Logistics por indicando que del instrucción de Emilio Tapia y que otros US $130 mil fueron girados a OLT único directivo era Logistics LLC. Corp., empresa registrada en Ottomar Lascarro, y que figura disuelta en septiembre de 201 8.
¿Se pueden evitar este tipo de actos de corrupción que involucran recursos públicos?
Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción desde la gobernanza.
Este caso de corrupción deja grandes enseñanzas y retos orientados al fortalecimiento de las políticas y lineamientos de contratación pública; entre ellos, la verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, tanto de las personas naturales como jurídicas que conforman los consorcios, uniones temporales, y terceras partes a suscribir cualquier acuerdo, incluyendo a los representantes legales que ostentan dichos cargos, especialmente si se identifican cambios recientes.
En procesos de contratación pública, la transparencia sobre los beneficiarios finales mediante un Registro Único de Beneficiarios Finales se configura como una herramienta útil y necesaria para conocer quiénes son las personas naturales que están detrás de personas jurídicas contratando y que se benefician de dichos contratos.
