DMG: pirámide, fraude y fachada
¿De qué trató el escándalo de DMG?
En abril de 2005 se constituyó la empresa “Grupo DMG S.A.”, con un capital de 100 millones, para la comercialización de productos y servicios, siendo su accionista mayoritario con un 51% de participación David Murcia Guzmán.
En diciembre de ese mismo año, sin que la sociedad hubiese desarrollado su objeto social, ni generara ingresos, los socios inyectaron un capital de $1.135.390.000 en calidad de préstamo, y alcanzó una mayor influencia en el sur del país (en los municipios de Puerto Asís, Putumayo; Mocoa, Orito, La Hormiga, en el departamento de Putumayo).
Un año después, Murcia Guzmán, constituyó la empresa DMG Grupo Holding S.A., con la misma identidad de objeto social y de socios del Grupo DMG S.A. Mediante un esquema complejo, la sociedad cautivó personas naturales para que aparecieran como socios de otras empresas y como contraprestación tenían acceso a las tarjetas prepago, a través de las cuales se captaba de forma masiva e ilegal los dineros del público.
Para el 2008, DMG tenía presencia en 62 (de 1103) municipios de Colombia y tenía inversiones en Panamá, Venezuela y Ecuador. La sociedad alcanzó a tener 356.631 inversionistas que aportaron alrededor de $ 1.191.261.625 millones de dólares.
En noviembre de 2008, el gobierno colombiano intervino DMG valiéndose de un Decreto presidencial que declaró Estado de Emergencia y otro que extendía los poderes de la Superintendencia de Sociedades para conjurar la crisis causada por el fenómeno desbordado de las pirámides.
La trampa
Las inversiones recolectadas por esta pirámide llegaron a 1,2% del Producto Interno Bruto del 2008. (Asuntos Legales, 2019).
Los “inversionistas” destinaron hasta los ahorros de su casa y sacaron créditos para participar en un negocio que les prometía una renta fija que iba entre 50% a 300% en dos meses. Sin embargo, ocho de cada 10 inversores lo perdieron todo.
Según la Fiscalía, DMG había adquirido, custodiado, administrado, transformado e invertido dinero proveniente de un delito de captación masiva y habitual no autorizado, con el propósito de darle apariencia de legalidad.
¿Cómo funcionaba esta empresa fachada?
DMG funcionaba mediante un mecanismo de venta de tarjetas prepago, que podían ser utilizadas luego en la compra de bienes y servicios ofrecidos por los comercios asociados a DMG (supermercados, tiendas de electrodomésticos, muebles, vehículos, etc.). El componente de pirámide tipo Ponzi se presentaba cuando se les devolvía a los depositantes total o parcialmente los recursos entregados por la compra de las tarjetas, a tasas muy superiores a las ofrecidas por el mercado financiero tradicional.
La estructura de la ganancia de DMG tendría cuatro componentes: comercial 30%, lavado 15%, pirámide 20%, manejo financiero 10%. (González, 2008).
Definición de Esquema Ponzi: es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. (eleconomista.es).
El engaño era a gran escala
La forma en que pretendieron lavar el dinero fue creando una extensa red de empresas con relaciones comerciales incestuosas entre estas, lo cual hacía más difícil el rastreo del dinero por parte de las autoridades.
Este movimiento de dinero dentro del Grupo Holding, como factor de distracción, estaba complementado con operaciones económicas difíciles de rastrear (por ejemplo, la capitalización de empresas existentes y con falsedades contables doble contabilidad) que impedían a las autoridades tributarias identificar la verdadera cuantía y origen de los recursos declarados. Tal es el caso de Inversiones Sánchez Rivera & Cía. S.A., una de las empresas que fue utilizada como intermediaria para aparentar la circulación de dinero.
Los protagonistas de esta organización también crearon empresas en el exterior para enviar dinero fuera de la jurisdicción de las autoridades colombianas, lo cual está ampliamente documentado en la literatura especializada como una de las tipologías de lavado de activos más comunes.
DMG, la fachada cayó
La Superintendencia de Sociedades encontró que, desde septiembre de 2007, DMG operó varias de empresas detrás del escudo de Inversiones Sánchez Rivera y Cía. Estas transfirieron a aquella aproximadamente 40 mil millones de pesos en efectivo a título de anticipo, de los cuales inversiones Sánchez Rivera destinó como préstamo 31.000 millones de pesos a varias de las sociedades, cerrando así el ciclo de la operación (Portafolio, 2008).
Inversiones Sánchez Rivera y Cía. reemplazó a la sociedad Grupo DMG en el rol que ésta tenía, entre otras, frente a las sociedades DMG Fashion, DMG Publicidad y Mercadeo Colombia S.A., Bionat Labs S.A., a través de contratos de cuentas en participación, en los que la sociedad en cuestión era la asociada oculta.Jurídico, 2021).
El negocio estaba soportado en las empresas de papel
Según la Fiscalía, DMG había adquirido, custodiado, administrado, transformado e invertido dinero proveniente de un delito de captación masiva y habitual no autorizado, con el propósito de darle apariencia de legalidad de dineros, así: los clientes entregaban su dinero, recibían las tarjetas electrónicas y conferían poderes a los abogados, quienes con ellos constituían las empresas, se nombraban dignatarios y otorgaban representación legal.
Estas empresas sirvieron para abrir cuentas bancarias a través de las cuales se movieron millonarias cantidades de dinero (Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de conocimiento de Bogotá, 2019).
Argumenta la Fiscalía que dichas sociedades fueron simple formalidad o “de papel”, porque a pesar de que fueron legalmente constituidas, no tuvieron sede social para ser notificadas o atender a sus clientes, presentando particulares vínculos como que todas tenían domicilio en Bogotá, algunas en la misma dirección, fueron fundadas entre enero y febrero de 2008 con capital de 100 millones de pesos, 16 tuvieron el mismo objeto social, varias de ellas están representadas por una misma persona, de donde coligió que carecieron de existencia física y por lo mismo no funcionaron. (Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de conocimiento de Bogotá, 2019).
¿Podemos contar con más vigilancia y control a empresas de papel y pirámides por parte del Estado?
Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción y mitigar el impacto de esta en la sociedad.
De esta experiencia se podría concluir que una herramienta como un registro de Beneficiarios Finales público, (al menos para entidades de vigilancia y control) podría contribuir a una detección más temprana y efectiva de estos esquemas fraudulentos, y a facilitar la investigación y respectiva sanción de los responsables de estos actos irregulares que se escudan en figuras legales.
Por lo anterior, es indispensable que la regulación del registro de Beneficiarios Finales a cargo de la DIAN contemple fortalecer el alcance del registro, como una herramienta efectiva que contribuya al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de activos, en la medida que permita un intercambio de información entre entidades de control y vigilancia.
