Retos de la contratación pública en época de emergencia
El punto de inicio
El pasado 17 de mayo de 2022, fue noticia la imputación fiscal por parte de la Contraloría al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González y otros directivos de esta entidad, por presunta corrupción en las ayudas humanitarias durante la pandemia. (W Radio, 2022)
Según el ente de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por
Gestión del Riesgo para la entrega de estos kits a damnificados y afectados por la pandemia, conforme a la declaratoria de calamidad pública en el país. El ente de control fiscal señaló que hubo “falencias presentadas tanto en el mecanismo de escogencia de proveedores, como en la metodología de definición de precios, los cuales son claramente del resorte de la ordenación de gasto que en este caso se encontraba en cabeza del director González, cuyas actuaciones desde su esfera funcional, no tuvieron el grado de diligencia suficiente en la toma de decisiones”. (W Radio, 2022)
LUKET S.A.S
Una de las empresas con las cuales la UNGRD contrató directamente fue LUKET S.A.S. sociedad
constituida en julio de 2022 en Pasto, y posteriormente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá en septiembre de 2022. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2022)
En Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por esta entidad, figura como actividad
económica principal la construcción de otras obras de ingeniería civil; como actividad secundaria el
comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos
de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. Finalmente figura también como actividad
el comercio al por mayor de productos alimenticios, entre otras.
El contrato intervenido con la gobernación de Nariño en 2020
El contrato de compraventa No. 1306-2020 fue suscrito por LUKET. S.A.S. y la Gobernación de Nariño, por valor de 1.200 millones de pesos, y con el objeto de la “compra de kit de ayuda humanitaria para atender a la siguiente población: trabajadores informales, habitantes de la calle, jóvenes, infancia y primera infancia y LGTBI, de los municipios más necesitados del departamento de Nariño para atender la emergencia”. Según la Gobernación con este proceso se hizo entrega de 10.000 kits distribuidos en 37 municipios del Departamento. (Gobernación de Nariño, 2020)
En abril del mismo año, este contrato fue intervenido por la Contraloría General de la República por presentar supuestos sobrecostos en los productos y el transporte. (W Radio, 2020)
No obstante, las irregularidades no terminan allí. Existe un antecedente adicional que se remonta a 2017, cuando la empresa fue contratada por el Gobierno Nacional en desarrollo de los Acuerdos de Paz suscritos en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC.
Los cuestionados contratos con el gobierno nacional...
Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) fueron creados como una transición de las llamadas Zonas Veredales. El 15 de agosto de 2017, se dio inicio a estos espacios para que exmiembros de las Farc hicieran actividades de reincorporación y generar nuevas oportunidades en la vida civil. (Consejo de Redacción, 2020)
En diciembre de 2016, medios de comunicación levantaron las alertas sobre la premura con que fue adelantada la contratación de 5 empresas, días antes de la salida de la entonces gerente de FondoPaz, María Inés Restrepo.
Los medios también alertaron sobre la falta de experticia y músculo financiero de parte de las empresas encargadas para la ejecución de las Zonas. (Blu Radio, 2017)
Irregularidades en la contratación
Luket S.A.S. fue una de las empresas destinatarias de los señalados contratos. En un inicio, el contrato fue suscrito por valor de $982’108.860 millones de pesos, y hacía parte de los $11.278’744.908 que se le debían pagar por construir varias obras en siete zonas veredales de los departamentos de Nariño, Guaviare y Caquetá.
Posteriormente, la Presidencia de la República autorizó en cuatro ocasiones, reajustes en el contrato, cambios en las obligaciones, adiciones presupuestales y prórrogas que terminaron beneficiando a Luket S.A.S., elevando el costo por las siete obras a $32.888’982.840 y ampliando el plazo de ejecución para la zona veredal de La Variante hasta el 1 de abril de 2017, tiempo que tampoco se cumplió. (ColombiaCheck, 2019)
¿Podemos contrarrestar estos actos de corrupción que afectan al país?
Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción desde el sector empresarial.
Una necesidad imperante es que de manera preventiva a través de circular, la Contraloría les recuerde a las entidades nacionales y territoriales que aun en escenarios de excepcionalidad se deben respetar los principios de contratación que buscan garantizar la eficiencia e integridad en el manejo de los recursos públicos […] pues justamente la naturaleza de estos recursos requiere un manejo más cuidadoso de parte de las autoridades responsables de ejecutar contratos destinados a asegurar la atención de las calamidades, las circunstancias de fuerza mayor, los desastres, etc. ( Transparencia por Colombia, 2022)
En el caso de la contratación directa por parte de entidades y sociedades de economía mixta en ejecución de recursos públicos, es necesario fortalecer la transparencia y facilitar el acceso a la información contractual en el SECOP, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. ( Transparencia por Colombia, 2022)
Finalmente, es indispensable que en el proceso de implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en cabeza de la DIAN, se incluyan mecanismos que garanticen que, en todo proceso de contratación pública se verifiquen los beneficiarios finales de las empresas postulantes previo a la adjudicación, de tal forma que se puedan identificar alertas oportunamente, y que además, se faciliten los procesos de detección, investigación y sanción de hechos de corrupción.
