Bogotá D.C., 20 de marzo de 2025.

Transparencia por Colombia presenta una nueva versión del informe de seguimiento al caso de la UNGRD “¡Algo tiene que pasar!”. Estos informes buscan dar cuenta de los avances en los procesos de sanción del caso de corrupción de la UNGRD, al tiempo que permiten identificar los escenarios en los que no se presentan avances en la investigación.

Frente a los avances del caso, se destacan los preacuerdos con Sneyder Pinilla y Olmedo López. No obstante, se resalta la creciente complejidad del caso, que involucra a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y a Invias. Esta situación refleja la persistencia de prácticas de cupos indicativos en el país, que implica que las decisiones del Congreso están sujetas al ofrecimiento de rentas públicas por parte del gobierno nacional. Estas prácticas no sólo afectan la eficacia de los presupuestos en medio de la crisis fiscal, sino que llevan a menoscabar la democracia por la pérdida de independencia y eficiencia del Congreso de la República.

En este contexto, llama la atención la discrecionalidad de los ministros del gobierno frente a las prácticas de cupos indicativos y clientelismo. Por ejemplo, en las recientes declaraciones del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se afirma que los recursos que recortaron a la DIAN en la vigencia 2023 fueron posteriormente asignados a la UNGRD en medio del desarrollo del entramado del hecho de corrupción. Asimismo, según el exministro Reyes “la bancada de los cupos indicativos y la bancada del contrabando se cruzan, se entremezclan y son negocio de las mismas personas”, lo que da cuenta de la importancia de investigar el caso de corrupción en la UNGRD a la luz de prácticas sistémicas de criminalidad, en medio de condiciones estructurales y facilitadores que contribuyen a la persistencia de este tipo de hechos de corrupción. A continuación, se resaltan los principales avances en los procesos de investigación y los temas que siguen pendientes.

I)   Proceso de investigación

a. Ex funcionarios de la UNGRD.

Los procesos judiciales en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla se encuentran en estado de verificación de los preacuerdos negociados con la Fiscalía General de la Nación. Por un lado, López se comprometió a reintegrar $724 millones al Estado, de los cuales ya pagó $362 millones, mientras que Pinilla devolvió $618 millones. Como parte del preacuerdo firmado con la Fiscalía, ambos obtendrían una reducción de la pena del 45%, lo que resultaría en una condena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión para López, y de 5 años y 8 meses para Pinilla.

En paralelo, ambos funcionarios acaban de ser nuevamente imputados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Esta imputación se relaciona con el direccionamiento irregular de la contratación de obras y maquinaria amarilla, que habría beneficiado a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Los principios de oportunidad y las bajas penas que han recibido los autores implicados generan controversia e incertidumbre sobre la adecuada sanción de los hechos de corrupción. Sin embargo, estos principios de oportunidad se fundamentan en la posibilidad de avanzar rápidamente en las investigaciones y posibilitar la sanción de todos los implicados. Por tanto, el avance en los procesos judiciales contra los altos funcionarios del gobierno nacional y los congresistas implicados será clave en este proceso.

b. Ex consejera para las regiones.

En contraste con los preacuerdos alcanzados entre la Fiscalía y los exfuncionarios de la UNGRD, el caso de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, presenta limitados avances ya que se aplazó la acusación en contra de la exfuncionaria. Su colaboración es fundamental para esclarecer los nexos entre el desvío de recursos públicos y el pago de sobornos al presidente del Congreso de la República.

c. Contratista.

En el caso del contratista Luis Eduardo López Rosero, el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía señala que deberá devolver $7.722 millones, monto que corresponde al dinero que se apropió en el contrato de los carrotanques.

d. Aforados constitucionales.

En total, la Corte Suprema de Justicia investiga a 7 senadores y 23 representantes a la Cámara, pertenecientes a los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, Partido de la U y Alianza Verde, y grupos políticos Gente en Movimiento y Asociación de Víctimas Intercultural y Regional. Iván Name, presidente del Senado en la legislatura 2023-2024, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes en la misma legislatura, son investigados por presuntamente recibir tres mil millones y mil millones de pesos, respectivamente, a cambio de favorecer el trámite de las reformas del gobierno. Estos dineros habrían sido invertidos en campañas de los familiares de los congresistas. De los tres candidatos presuntamente financiados, dos ganaron las elecciones al Concejo de Bogotá y a la Alcaldía de Montelíbano, mientras que otro es diputado en la Asamblea Departamental de Córdoba, corporación a la que llegó por el Estatuto de Oposición.

Por otra parte, los senadores Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como los representantes Wadith Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Manrique Olarte (Asociación de Víctimas Intercultural y Regional) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Partido Alianza Verde), están siendo investigados por presuntamente haber condicionado la entrega de conceptos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio del direccionamiento de contratos de la UNGRD. Esto implicó incluso la declaración de falsas emergencias en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar) para desembolsar los recursos de emergencias del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.

Por último, la Corte también investiga a 27 congresistas que se habrían beneficiados de proyectos de infraestructura vial en el Invias. Cinco de estos congresistas también están involucrados en la investigación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Estas investigaciones se dan luego de la entrega de información por parte de María Alejandra Benavides, ex funcionaria del Ministerio de Hacienda.

e. Avances de la Contraloría General de la República.

A pesar de que la DIARI de la Contraloría General realizó una visita el 6 de marzo del presente año a la UNGRD con el fin de recabar pruebas para investigaciones que adelanta este órgano de control sobre otros presuntos hechos de corrupción, aún no se han hecho imputaciones fiscales a los responsables de los sobrecostos en el caso de los carrotanques.

f. Avances de la Procuraduría General de la Nación.

En diciembre de 2024 la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y por 20 años al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla. Además, en este fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó por 10 años al exsubdirector general, Víctor Meza Galván.

Este órgano de control se encuentra en el proceso de recaudar las pruebas necesarias para las actuaciones disciplinarias que adelanta en contra de los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Con este fin, la Procuraduría inspeccionó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 20 de febrero.

II) Temas pendientes.

a. Altos funcionarios.

Nuevamente, se destaca que no se presentan avances en los procesos de investigación contra los altos funcionarios, quiénes presuntamente serían los determinadores de los hechos de corrupción. Este es el caso de Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda), César Manrique (exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública) y Carlos Ramón González (exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia).

b. Reparación a víctimas.

Se debe resaltar positivamente el reconocimiento de la afectación a las comunidades de La Guajira, en el marco del proceso judicial, a partir del reconocimiento de tres representantes. Sin embargo, se debe resaltar la necesidad de implementar medidas que permitan la reparación directa de las comunidades afectadas.

c. Facilitadores de la corrupción.

Por último, se debe seguir profundizando en el papel de los facilitadores de la corrupción, quiénes posibilitaron la ocurrencia del caso, al prestar servicios a los funcionarios públicos involucrados. Este es el caso del prestamista, el excongresista Pedro José Castro Espinosa, quién entregó una alta cifra de dinero en efectivo a Sneyder Pinilla, al tiempo que colaboró para que éste moviera el dinero entre ciudades. Para más información sobre los facilitadores de la corrupción, consulte el informe de facilitadores de la corrupción de Transparencia por Colombia.

Consulta aquí los dos primeros informes de seguimiento al caso UNGRD:

https://transparenciacolombia.org.co/seguimiento-escandalo-ungrd-implicaciones/

https://transparenciacolombia.org.co/tercer-informe-escandalo-ungrd/