Bogotá D.C., 4 de julio de 2025.

Hace 34 años, en medio de una profunda crisis de legitimidad, exclusión y desconfianza en las instituciones, Colombia adoptó una nueva Constitución. Este nuevo pacto democrático abrió el camino hacia un Estado más participativo, descentralizado y comprometido con la transparencia. Desde entonces, no solo se ampliaron los derechos garantizados por el Estado, sino que también se le entregaron a la ciudadanía herramientas concretas para vigilar el poder y enfrentar la corrupción.

Uno de sus aportes más importantes fue el rediseño institucional, pues reforzó la separación de poderes, creó nuevas instituciones como la Corte Constitucional —encargada de proteger los derechos fundamentales y de vigilar que las leyes y decisiones públicas respeten la Constitución—, y estableció la participación ciudadana como un principio esencial del sistema democrático.

Antes de 1991, el poder estaba altamente concentrado en el Ejecutivo y existían pocos mecanismos para controlarlo. La nueva Constitución cambió esa lógica: distribuyó mejor las funciones entre las ramas del poder público, definió límites más claros entre ellas y fortaleció la obligación de que todas las autoridades rindieran cuentas a la ciudadanía.

Pero el impacto más profundo de esta transformación se ve en la vida cotidiana. A partir de 1991, las personas no solo ganaron más derechos, también accedieron a formas efectivas de participación y control ciudadano para exigirlos y defender lo público. Entre ellas se encuentran el derecho de petición, la acción de tutela, las veedurías ciudadanas y el acceso a la información.

Con estos instrumentos, comunidades han frenado proyectos que afectaban sus territorios, organizaciones sociales han denunciado irregularidades y periodistas han destapado redes de corrupción. En particular, el acceso a la información, hoy un derecho fundamental respaldado por la Ley 1712 de 2014, ha permitido conocer cómo se usan los recursos públicos y ha respaldado investigaciones que de otro modo no habrían sido posibles. Hoy existen cientos de historias en las que la Constitución ha servido para frenar abusos, exigir transparencia y proteger derechos.

Aun así, los desafíos siguen siendo grandes. La corrupción persiste en diferentes niveles del Estado, las brechas territoriales dificultan el acceso a la justicia y algunas instituciones enfrentan presiones que amenazan su autonomía. En este contexto, la Constitución no resuelve todo por sí sola, pero sigue siendo un punto de partida esencial. Su poder no está solo en lo que dice, sino en lo que permite hacer.

Enfrentar la corrupción requiere algo más que sanciones, exige instituciones abiertas, decisiones sujetas al escrutinio público y una ciudadanía activa que participe, cuestione y vigile. Eso fue lo que hizo posible la Constitución del 91, y por eso sigue siendo una herramienta vigente, necesaria y poderosa.

Defenderla hoy significa exigir que se cumpla en los territorios, que sus mecanismos funcionen y que quienes luchan por la integridad y la transparencia no estén solos. Porque cuando la Constitución se aplica en la vida diaria, el poder se controla, lo público se protege y la democracia se fortalece.

Publicado en X el 4 de julio de 2025: 

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