Por: Alejandro Pérez Vallejo
Profesional de Proyecto – Centro de Asesoría Legal Anticorrupción – Transparencia por Colombia
Opinión – 01 de agosto
Una denuncia bien respaldada tiene el poder de mover las montañas de la corrupción. En 2021, una exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín se atrevió a denunciar una práctica común pero difícil de sancionar: el uso de cargos públicos para fines políticos personales[1]. Fue testigo de una reunión convocada por funcionarios de la alcaldía, en agosto de ese año, en la que se discutieron varios temas, entre ellos, la financiación de un proyecto político. En ese encuentro se exigió a los asistentes aportar dinero, una práctica prohibida por la Ley. Su testimonio, respaldado con diversas pruebas, ha sido acompañado desde 2022 por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC [2]), de Transparencia por Colombia, pese a las intimidaciones, represalias laborales y la omisión de las instituciones.
Ante la falta de avances sustanciales en las investigaciones penales y disciplinarias durante más de dos años, a través del apoyo de ALAC, se presentaron nuevas pruebas y detalles de la denuncia[3] en la Fiscalía y en la Personería para reactivar el expediente. Sin embargo, el primer gran obstáculo surgió en febrero de 2024, cuando la Personería de Medellín archivó el caso, afirmando que no existían méritos para investigar, pues, a su juicio, se trataba de una reunión social sin relación con lo disciplinario. Lo irónico y preocupante es que los mismos testimonios utilizados para sustentar el archivo del expediente, no eran claros en identificar el objeto de la reunión baby shower, bienvenida, temas laborales, entre otros[4].
Gracias al recurso de apelación formulado por ALAC y presentado por la denunciante, la historia dio un giro. En abril de 2024, la Procuraduría asumió el caso mediante el poder preferente[5], desplazando la competencia de la Personería de Medellín. Un mes después, formuló pliego de cargos, solicitó a la Fiscalía el expediente penal para fortalecer el proceso disciplinario y, en mayo de 2025, logró una sanción disciplinaria contundente: los tres funcionarios investigados fueron destituidos e inhabilitados por más de 12 años[6].
Este resultado, aunque tardío, es contundente. En un año, la Procuraduría logró lo que la Personería no resolvió en dos años y medio. Sin la insistencia de la denunciante y el acompañamiento de ALAC, este caso estaría hoy archivado, como muchos otros que mueren lentamente en los despachos de las autoridades.
Más allá del fallo, este caso deja lecciones importantes y señales de alerta:
- El PODER del poder preferente de la Procuraduría, permitió destrabar un proceso que había sido minimizado por la Personería de Medellín. Es fundamental que las autoridades nacionales asuman su rol de garantes y ejerzan este mecanismo con decisión.
- El uso de “reuniones sociales” para promover causas políticas no es nuevo; sin embargo, la reiteración de este patrón, acompañado de presiones económicas, y de la solicitud de entrega previa de los celulares a fin de evitar cualquier fuga de información, debe llamar la atención de los entes de control. La práctica de cubrir el proselitismo político bajo la apariencia de eventos sociales, debería ser objeto de medidas preventivas por parte de las autoridades nacionales y locales.
Las buenas prácticas institucionales sí existen: el fallo de la Procuraduría mostró dos aciertos claves:
- Trabajo conjunto entre entidades: Se le solicitó a la Fiscalía documentos del caso penal para revisar todas las pruebas disponibles como testimonios, interrogatorios y documentos, y verificar la coherencia y validez de las pruebas.
- Validación del testimonio de la denunciante: Se rechazaron las peticiones de los denunciantes que pretendían iniciar un proceso en contra de la denunciante, ya que su testimonio fue considerado confiable y respaldado por las pruebas. En un país donde denunciar puede poner en riesgo el trabajo e incluso la seguridad personal, esta decisión es relevante al reafirmar la denuncia como un acto ciudadano que debe contar con garantías.
Este caso demuestra que denunciar la corrupción, aunque sea un proceso largo, sí es posible y vale la pena. La sanción lograda refleja tanto la acción decidida de la Procuraduría como la valentía de una ciudadana que no se rindió, respaldada por el acompañamiento legal de ALAC que realizó seguimiento constante a través de acciones legales. La lucha contra la corrupción requiere no solo de instituciones fuertes, sino también del compromiso activo de la ciudadanía.
