La Ruta del Sol II era una vía clave para conectar el centro y el norte del país, atravesando Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, Cesar, Córdoba y Atlántico— fue adjudicado a un consorcio liderado por la empresa brasileña Odebrecht, en alianza con la firma colombiana Corficolombiana (Consorcio Odebrecht-Corficolombiana).

Sin embargo, a finales de 2016, estalló un escándalo que sacudió a toda América Latina: Odebrecht fue acusada de pagar sobornos y financiar campañas políticas para asegurarse contratos de infraestructura en varios países, incluido Colombia. 

Ante la gravedad del caso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) liquidó el contrato y anunció una nueva licitación para terminar las obras. En 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en respuesta a una acción popular, reconoció la corrupción y ordenó una reparación por más de $800 mil millones a favor del Estado. Pero en 2023, el Consejo de Estado revocó esa orden, dejando sin reparación el daño causado a la ciudadanía y al patrimonio público. La sociedad civil intentó revertir el fallo, pero la justicia cerró la puerta.