Opinión- 08 de abril de 2021
Por: Andrés Felipe Guevara Merino
Hace poco, las declaraciones del excongresista Bernardo Elías reabrieron el debate sobre el escándalo de corrupción orquestado por la multinacional Odebrecht, donde uno de sus principales elementos fue la financiación indebida de candidatos y partidos políticos en elecciones nacionales, para luego recibir favores como la adjudicación de contratos por parte de funcionarios electos. Pero más allá de esto, el caso Odebrecht nos invita a pensar ¿qué tan preparados estamos en el país para luchar contra el fenómeno de la corrupción transnacional y los flagelos de la Gran Corrupción¹?
Posiblemente el problema no esté en la falta de normas que regulen la financiación, pero sí en la capacidad de controlar y sancionar oportunamente a aquellos que incurran en esta grave falta.
En materia de financiación, Colombia tiene una gran cantidad de disposiciones. Por ejemplo la ley 996 de 2005² y la ley 1475 de 2011³, que establecen los topes para los gastos de campañas y definen claras prohibiciones a la financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras. En estas mismas leyes se imponen sanciones a candidatos y organizaciones que van desde la suspensión de la financiación estatal hasta la suspensión de la personería jurídica de la organización política que dio el aval para participar en la campaña electoral. Asimismo, aparte de estas leyes, contamos con el aplicativo Cuentas Claras en el que los candidatos y candidatas reportan los ingresos y gastos de sus campañas electorales.
A pesar de esto y de las estrictas sanciones que existen para candidatos y organizaciones políticas, en Colombia se habla de más $14.000.000.000 no declarados que ingresaron a las campañas electorales en 2014, además de los pocos sancionados⁴ que existen.
En otros países de la región el impacto del caso Odebrecht ha generado inestabilidad política como en el Perú o Brasil, y ha desencadenado distintas investigaciones en Argentina, Chile, Panamá, Guatemala, Ecuador⁵, entre otros. Pero, además, en la región las acciones tomadas por los organismos de control y sanción a la financiación de Odebrecht en campañas electorales de altos funcionarios van desde la prisión, en el caso del Perú, hasta investigaciones en distintas instancias. En Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos y el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga tienen investigaciones en el Consejo Nacional Electoral, pero a la fecha no hay ningún veredicto que haya sido sancionado de manera ejemplar y contundente.
Adicionalmente, las investigaciones también revelan que detrás de la financiación extranjera de Odebrecht estaban sus socios locales, compañías colombianas de capitales privados que tenían negocios con la empresa brasileña, que también fueron financiadores de campañas políticas y promovieron candidatos en todo el territorio nacional. Dejando en evidencia la necesidad de mejores controles para evitar que los elegidos favorezcan intereses particulares, utilizando nuestros recursos públicos.
Por lo tanto, resulta necesario avanzar en la investigación de todos los involucrados, pero también tomar medidas efectivas para evitar que el financiamiento irregular de campañas siga siendo la puerta de entrada para la corrupción.
La aparente “estabilidad política” de nuestro país frente al caso Odebrecht puede ser un indicador perverso de la normalización de la corrupción durante las campañas electorales. En la práctica, hay miles de problemas que enfrentan instituciones y sociedad civil para hacer control sobre las campañas de elección popular: información errónea, suplantación de identidades, aportes no declarados, contribuciones, donaciones anónimas y financiadores indebidos o sospechosos. Estas son algunas de las alertas que se han identificado, y que de una manera u otra han permitido que fuentes prohibidas ingresen a las campañas electorales.
Frente a todo este panorama, vale la pena fortalecer el uso del aplicativo Cuentas Claras, incluir en él el registro privado de aportantes a campañas electorales. Además, es importante poner en marcha la Política Criminal Electoral, y adoptar nuevas y mejores formas de identificar capitales extranjeros y nacionales que financien campañas electorales en el país.
Ahora que se avecinan las elecciones del 2022 vale la pena retomar la discusión sobre controles y sanciones a la financiación de campañas electorales, el papel de la ciudadanía activa y los retos de nuestras instituciones frente a actores externos financiando campañas como estrategia de corrupción transnacional.
¹José Ugaz, quien fuera el fiscal del caso Fujimori-Montesinos en Perú ha dicho sobre la Gran Corrupción que “ahora los actores corruptos tienen enormes cuotas de poder político y económico – a veces internacional-, las cantidades de dineros oscuros movilizados son colosales y el impacto sobre los derechos fundamentales sobre las poblaciones en los países es monumental”. ²Congreso de Colombia. Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la Republica. Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18232 ³Congreso de Colombia. Ley estatutaria de 2011 por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Disponible en https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/ley_1475_2011.pdf ⁴Novoa García, Armado. Odebrecht y las campañas presidenciales de 2014 ¿por qué no hay responsables? Disponible en https://razonpublica.com/odebrecht-y-las-campanas-presidenciales-de-2014-por-que-no-hay-responsables/ ⁵Caballero Samper, Isabel. Así está hoy el escándalo de Odebrecht en América Latina. Disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/especial/odebrecht-en-america-latina/
