Por: Andrés Hernández
Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia
Diciembre 3 de 2018
El balance es desolador: once millones de votos, compromiso solemne del presidente y de todos los partidos, pero nada. Y sin embargo hay por lo menos tres temas que todavía podemos rescatar –si nos movilizamos-.
La esperanza
El resultado de la consulta del pasado 26 de agosto estableció sin duda que el principal problema de Colombia es la corrupción.
Por eso debemos luchar contra ella, y esta lucha se debe traducir en la adopción efectiva de un sistema de integridad nacional. Esto también implica transformar de verdad las instituciones políticas, que siguen respondiendo a problemas coyunturales o a intereses particulares o partidistas, ignorando el compromiso que tienen con los ciudadanos.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un sistema de integridad tiene tres características fundamentales:
- Responder a hechos de corrupción (mejor si es para prevenirlos),
- Promover un cambio cultural en la forma de entender y reaccionar frente a la corrupción, y
- Contar con autoridades, ciudadanos y empresas responsables de sus acciones frente a terceros (rendición de cuentas).
Muchas de las políticas que se han venido proponiendo en Colombia apuntan hacia este sistema de integridad. Por mencionar dos de las más importantes, el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
Pero ninguna de esas iniciativas ha contado con recursos suficientes para ser aplicada ampliamente ni con un liderazgo capaz de hacer que las ideas vayan más allá de los discursos. Y este precisamente ha sido el caso de los proyectos contra la corrupción que han llegado al Congreso a raíz de la consulta del pasado 26 de agosto.
El duro aterrizaje
Después de la consulta se presentaron 25 proyectos de ley relacionados con la corrupción, 11 de ellos sobre las preguntas que se habían sometido al voto popular en esa fecha. Estos últimos proyectos fueron concertados en el marco del “pacto anticorrupción” que el presidente Duque suscribió el 30 de agosto con los representantes de todos los partidos con presencia en el Congreso.
El gobierno se comprometió a enviar mensaje de urgencia para que los proyectos fueran tramitados con celeridad, y los congresistas se comprometieron a expedir con prontitud las leyes respectivas.
Pero el mensaje de urgencia llegó tarde y aludió apenas a cuatro proyectos. Y los partidos que habían manifestado públicamente su disposición a sacar adelante esos proyectos sencillamente no han cumplido su compromiso.
Por eso hoy, de los 25 proyectos, apenas nueve han tenido su primer debate, uno ha sido archivado –el que limitaba a tres períodos los cargos de elección popular– y uno fue retirado por el gobierno debido a impedimentos presentados por los congresistas –el de reducción de sus salarios–. De los cuatro proyectos que venían con mensaje de urgencia, dos todavía no han sido debatidos.
A menos de quince días de concluir esta primera legislatura, más de la mitad de los proyectos anticorrupción se caerán por formalidades del proceso— por retrasos, por falta de presentación de las ponencias, por no haberlos puesto en las agendas de ambas cámaras— y reformas claves, como la reforma política y a la justicia, no han tenido el necesario respaldo en el Congreso.
Además, varios congresistas han votado en contra de los proyectos —pese a que sus partidos figuraron en la foto del pacto anticorrupción— mientras que otros han presentado impedimentos o han modificado los proyectos en contra de los parámetros internacionales de integridad y transparencia (o incluso del sentido común).
Pero el gobierno también tiene su cuota de responsabilidad. No solo por no enviar los respectivos mensajes de urgencia sino porque ha debido anticipar que el número de proyectos de ley y actos legislativos (25) era demasiado alto para tramitarlos antes del fin de la legislatura. Esto implicó más ponentes, más debates y más informes.
Además de lo cual todo dependía del presidente Duque, de sus relaciones con el nuevo Congreso y del respaldo que este podía darle.
También debe notarse que estos proyectos no se redactaron en consulta con las entidades que eventualmente serían responsables de su ejecución. Como ejemplo están las declaraciones de bienes y de rentas de los funcionarios públicos. Tres de los proyectos abordan este asunto, cada uno desde un enfoque distinto, pero la discusión ha sido entorpecida con el argumento de que esta información será reservada y de uso restringido para los órganos de control, lo cual no es ninguna novedad.
Igualmente es lamentable que el Congreso no haya facilitado la participación de los ciudadanos y expertos en la discusión de los proyectos mediante audiencias públicas, pese a que este mecanismo había sido incluido expresamente en el pacto anticorrupción.
Tres temas prioritarios
Para salir de ese camino tortuoso sería urgente escoger unos pocos proyectos prioritarios, permitir discusiones de fondo y —sobre todo— apelar otra vez a la ciudadanía para que se movilice y exija respeto.
Hay tres asuntos prioritarios en esta ruta —que además están relacionados con los escándalos que nos afectan por estos días—:
- Reformas al sistema de contratación pública,
- Regulaciones efectivas sobre conflictos de interés de altos funcionarios del Estado,
- Protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción.
-En primer lugar, en materia de contratación pública, el proyecto sobre pliegos tipo (082 de 2018-Senado) podría resultar muy útil si se tiene en cuenta que el texto aprobado en primer debate señala las instancias responsables de su aplicación, los criterios para diseñar los pliegos y las entidades que cobija. Sin embargo, el proyecto debe ser más preciso en relación con los plazos para reglamentar el uso de sus varias herramientas (plazo que no debería exceder de los seis meses). También debe incluir el uso de los pliegos tipo para las alianzas público-privadas.
-En segundo lugar, en materia de control de conflictos de interés, los proyectos de ley incluyen propuestas sobre regulación y divulgación de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés de funcionarios. Los proyectos que aluden este tema son tres: el 081 (Cámara), el 147 (Senado) y el 117 (Senado). Vale aquí mencionar que el proyecto 147, aprobado en primer debate de comisiones primeras conjuntas del Congreso, considera esta información como de naturaleza pública.
Estos proyectos deben ser coordinados y en todo caso deben asegurar que la responsabilidad de hacer control a estas declaraciones se asigne a una instancia con fuerza y autoridad suficientes para verificar la información que presenten los servidores públicos.
También tendrían que precisarse los cargos específicos que deben publicar sus declaraciones de bienes, renta y conflictos de interés en una plataforma o sitio web de fácil acceso para la ciudadanía. En esta lista sin duda deben figurar el presidente, los ministros y demás funcionarios que el presidente designa en entidades con mayor músculo presupuestal y burocrático, así como congresistas, magistrados, fiscal, procurador, contralor, defensor, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales.
-Por último, es prioritario contar con un sistema efectivo de protección de denunciantes y testigos de corrupción. El proyecto de ley 117, presentado por la Procuraduría, tiene el acierto de considerar que las represalias contra los denunciantes pueden ser causales de delitos de acoso laboral o atentados contra la integridad personal.
Además, el proyecto de la Procuraduría incluye un programa de recompensas para los denunciantes. Tal vez habría que añadir a la familia del denunciante y establecer que las recompensas no se limitan a la persona que formule la denuncia. No hay que olvidar que personas o funcionarios que no están implicados pueden tener información relevante para el caso y estar interesados en colaborar a cambio de un beneficio.
Del otro lado y, sin embargo, el mencionado proyecto 117 no toca el punto central: una política pública de protección al denunciante de hechos de corrupción. Esta estrategia serviría para evitar que cada entidad promueva su propio sistema de protección, lo cual daría pie a una maraña legal de confusión, ineficacia y riesgos para los denunciantes.
Están en juego la legitimidad del Estado en la lucha contra la corrupción y la confianza ciudadana en sus instituciones. El gobierno y el Congreso deben cumplir lo que prometieron a la ciudadanía y concertar una política que dé continuidad a los avances realizados en años anteriores y resuelva los problemas que subsisten.
