Pronunciamiento - Marzo 17 de 2017:
Los recientes escándalos que han provocado las denuncias sobre la entrada de dineros privados a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos de 2010 y 2014, y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga de 2014, confirman lo que desde Transparencia por Colombia hemos venido diciendo desde hace varios años: los aportes privados a las campañas políticas, lícitos o ilícitos, se entregan en muchas ocasiones a manera de soborno, con la finalidad de obtener favores futuros, contratos y/o incidir indebidamente en la formulación de políticas y normas.
Es preocupante que una empresa tan cuestionada como Odebretch haya incidido en las dos últimas campañas presidenciales de Colombia. Resulta aún más preocupante que esos dineros se hayan manejado por fuera de las cuentas y registros que se entregan al Consejo Nacional Electoral. Pero lo más indignante es la manera como se ignora el hecho más evidente de esta situación: tanto para la campaña presidencial de 2010 como la de 2014 los aportes de cualquier empresa (nacional o extranjera) estaban totalmente prohibidos.
No se trata solamente de esclarecer si en esa época se sabía que Odebretch era una empresa corrupta. Más allá de determinar si con esos dineros se imprimieron afiches o se financiaron asesorías políticas o si esto incidió de manera determinante en el resultado de las elecciones, para Transparencia por Colombia lo verdaderamente grave es que se violaron las normas para la financiación de las campañas, delito que también se ha venido observando en otros procesos electorales y que, a menos que se apliquen sanciones ejemplares, seguirán ocurriendo en el futuro. Esta es, sin duda, una muy preocupante alerta para quienes están trabajando en las actuales propuestas de reforma política.
Lo anterior no significa que toda contribución privada a campañas genera corrupción, pero sí genera alertas muy evidentes respecto a los aportes que no pasan por las cuentas y registros oficiales, y sobre la eficiencia de los controles previos, tanto de los contribuyentes privados como de la autoridad electoral y de otras entidades de control.
Ya desde 2010 Transparencia por Colombia y la Universidad de Estocolmo, en una encuesta a 300 altos empresarios de todo el país, señaló que 55 por ciento de los encuestados consideró los aportes a campañas electorales como un medio ideal para obtener beneficios particulares a futuro y 7 por ciento manifestó haber recibido compensaciones –contratos estatales, cargos públicos, subsidios y sanciones de normas favorables- por haber financiado campañas. Pero además, en la encuesta sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas desarrollada en el 2014 por la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia, mostró que para el 50 por ciento de los empresarios encuestados la segunda modalidad más utilizada para sobornar, son las contribuciones políticas. Además, sólo 6 por ciento de los encuestados aseguró que su empresa llevaba un registro contable exacto de contribuciones a campañas políticas. Estos datos evidencian el riesgo que hay en la financiación privada cuando se concibe bajo el interés de recibir beneficios particulares y no como una forma legítima de participar en la política.
En otras palabras, la captura del Estado a través de la financiación privada de las campañas se da tanto por el ingreso de recursos de origen ilícito como por el ingreso de recursos lícitos con intereses ilícitos.
