Víctor Hugo Quintero se empezó a interesar en procesos comunitarios desde que era joven. Tras participar en la Casa de la Cultura, tomar la presidencia de la Acción Comunal y ser conciliador del barrio Kennedy de Medellín, se dedicó en 2010 a combatir la corrupción y observar cómo afecta los procesos sociales y comunitarios. Poco a poco fue notando situaciones que le sembraron las dudas sobre el uso de los recursos públicos que llegaban a la zona. En 2011 y tras aún más interrogantes, juntó a 14 vecinos líderes y comenzó a gestionar los cimientos de una veeduría ciudadana para toda la Comuna 6 de la capital antioqueña, la cual prepara actualmente una acción popular, un recurso judicial ciudadano para declarar como sujetos de reparación colectiva a diversas víctimas de los 12 barrios que la componen.
En ese momento, el líder Samuel Valencia también estaba ahí, construyendo ese proceso que ya ajusta 14 años. Antes de la veeduría, Valencia participó de la Corporación Región, una organización que promueve procesos educativos, sociales y ambientales en Antioquia. Los dos cuentan cómo, a punta de unión y un sentido del cuidado colectivo, se centraron en acompañar el proceso de planeación del desarrollo en la comuna 6.
Todos los veedores, mediante la revisión del proceso de planeación, evidenciaron una supuesta cooptación de escenarios de participación del Programa de Planeación del Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo (PDL y PP), como son: la Junta Administradora Local (JAL); el Consejo Comunal de Planeación y las Organizaciones de Acción Comunal; concentrando la participación en un pequeño número de personas y excluyendo a la mayoría de organizaciones y habitantes de la Comuna 6.
La verificación la hicieron a través de la veeduría ciudadana. Pero, ¿en qué consiste este mecanismo? Es un proceso de participación desde el control social que observa y analiza datos de cómo se mueven los recursos públicos destinados a un fin colectivo. Son grupos que, orientados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, pueden presentar quejas y denuncias ante las autoridades competentes sobre delitos, irregularidades o faltas en la actuación de servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas. También pueden hacer solicitudes a entidades públicas para recomendar correctivos preventivos, utilizar recursos y procedimientos legales establecidos, y solicitar control excepcional a la Contraloría.
“El proceso de participación es un patrimonio comunitario que nos ha permitido tener voz en la ciudad”
Para comprender el supuesto fenómeno de corrupción, hay que ir hasta 2007, cuando nació el Presupuesto Participativo en Medellín, una herramienta ciudadana que permite deliberar y decidir sobre la administración de recursos públicos. A su vez, es una base para la planeación del desarrollo de cada una de las comunas, además de definir las prioridades de inversión en cada comuna y corregimiento para contribuir a superar las problemáticas enunciadas en cada Plan de Desarrollo Local. “El proceso de participación es un patrimonio comunitario que nos ha permitido tener voz en la ciudad”, dice Quintero al respecto.
Pasaron 10 años hasta que un acuerdo municipal cambió la forma de participación con la creación de Consejo Comunal de Planeación. Este es un espacio conformado por actores del barrio dedicados a la formulación y actualización del Plan de Desarrollo Local, el cual tiene, entre otras funciones, priorizar los proyectos a beneficiar con el Presupuesto Participativo. Con este cambio de funciones es que comenzaría el entramado de corrupción, difícil de explicar en su momento, pero que ahora sostienen con una investigación.
Quienes representaban a la comuna en esos encuentros, según cuentan los líderes y su investigación, comenzaron dando refrigerios para que la gente participara de los espacios. Estas reuniones funcionaban como enlace entre la administración municipal y la gente. “Luego dieron souvenirs, hasta un pasaje después para seguir atrayendo más gente. O sea, para mí eso tenía doble intención. Además, entre las cosas que generaban ciertas dudas, estaba el hecho de que decían, por ejemplo, que le daban un refrigerio, que uno sabía que al frente valía dos mil pesos, y lo cobraban por cuatro mil”, relata el líder Valencia que desde ahí nacieron las dudas de cómo se distribuían los recursos.
Con esos representantes, se refieren a líderes como Alexis Castrillón, anteriormente un ayudante en un restaurante, quien, según reveló El Colombiano, ha logrado acumular una considerable riqueza y poder en la Comuna 6 de Medellín mediante el control de 12 organizaciones que contratan fondos del Presupuesto Participativo. Su influencia, presuntamente, se ha expandido a través de conexiones familiares, con su esposa y otros parientes ocupando roles clave en varias corporaciones. A pesar de sus orígenes humildes, ahora se le asocia con lujos como viajes a Europa y vehículos de alta gama, tal y como publica en sus redes sociales, lo que se sumó a la controversia y sospechas de corrupción desde la veeduría.
El mismo medio de comunicación indagó sobre cómo Castrillón pudo haber utilizado su red de relaciones dentro de las organizaciones comunitarias y en el poder político para asegurar contratos, especialmente durante la administración del alcalde Daniel Quintero. Aunque se enfrenta a investigaciones y denuncias por supuestas irregularidades, su control sobre la Asociación Comunal (Asocomunal) de la Comuna 6 y otras entidades sigue siendo fuerte. Su capacidad para influir en las decisiones del Presupuesto Participativo y otras esferas del poder local le han permitido mantener su posición, explican otros líderes del barrio, a pesar de las crecientes críticas y la posible intervención de las autoridades. Desde El Espectador intentamos contactarnos con Castrillón para saber su versión, pero no recibimos respuesta.
De esta manera, en 2012, los veedores escribieron el primer informe. Con este documento, identificaron que esos recursos deberían ser destinados a otros proyectos y que, justificados en la necesidad de participación, no deberían usarse en ese tipo de gastos mencionados. Sin embargo, el malestar creció en la comunidad, los veedores estaban diciendo “que la plata pública era de todos”, pero eso los hizo blanco de críticas y que no pudieran ingresar a espacios de encuentro en los barrios. Hasta ese momento, su trabajo apenas comenzaba.
Coaptación y corrupción silenciosa
En 2015, por medio de la implementación del piloto Sistema de Información Local, la veeduría halló con preocupación que no había transparencia en el acceso a la información pública. Es decir, no era fácil obtener datos claros y precisos sobre cómo se manejaban los asuntos públicos, ni acceso a todos los contratos, lo que generó desconfianza y dificultades para ejercer control.
Fotografía: Veeduría Casa 6
La estrategia de la familia, según cuentan, se centraba en controlar la Asocomunal, dado que esta aglutina la base social más importante de la comuna, representando a las 21 Juntas de Acción Comunal (JAC), cada una con cientos de afiliados. Esto es relevante porque las JAC son las organizaciones más reconocidas y de mayor trayectoria en el país, por lo que quien tiene influencia sobre Asocomunal ejerce una presión significativa sobre la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Participación Ciudadana. “Esta última carece de los recursos necesarios para movilizar por sí sola la participación en las comunas y corregimientos, por lo que depende de líderes con capacidad de movilización, similar al papel de aquellos que organizan y movilizan el voto en las elecciones”, dice el veedor Quintero.
Más tarde, en 2018, el grupo hizo un seguimiento al proceso de conformación del Consejo Comunal de Planeación (CCP) de la Comuna 6, revelando como redes de corrupción cooptaron este órgano para controlar la contratación pública del programa de PDL y PP. El informe evidenció irregularidades en el proceso electoral y detalló la estrategia utilizada por el presidente de Asocomunal y sus aliados para apoderarse del CCP, afectando la participación ciudadana en la comuna.
Hasta que, desde 2019, con el acompañamiento de Transparencia por Colombia, organización que es parte de Transparency International e investiga la incidencia de la corrupción en la institucionalidad pública y en el debilitamiento de la democracia, investigaron más a fondo la situación con herramientas legales. Revisaron fuentes comunitarias e institucionales que participan en el proceso de planeación del desarrollo de la comuna 6, desde las JAC hasta la Secretaría de Participación Ciudadana. Con esta última, se acordó revisar los resultados y, en la socialización de los mismos, se pactó la implementación de un plan de mejoramiento. Sin embargo, dicho plan no avanzó debido a que el periodo de esa administración concluyó, y la siguiente (2020 – 2023) no continuó con el proceso.
Hasta este momento, en 2022, las investigaciones de la veeduría ya daban cuenta de esas debilidades del proceso de planeación del desarrollo de la comuna 6. Además, ya habían puesto en conocimiento de los ediles, la Secretaría de Participación, el Concejo de Medellín, la Procuraduría y la Fiscalía las actuaciones de sus funcionarios de las presuntas irregularidades en el proceso de planeación del territorio. Pero son las declaraciones de dos ediles de las comunas 5 y 6, en el programa Sobre la Mesa, las que afirman que el hecho de corrupción existe, que ellos han hecho parte de él y que tienen pruebas para demostrarlo. Con este último dato y después de tantos años, la veeduría encontró argumentos para iniciar un proceso judicial que pueda establecer si, con certeza, existió el hecho de corrupción y así avanzar en cuanto a la reparación integral de las víctimas.
Juanda —como le decían de cariño— se convirtió en un objetivo militar de criminales de la zona justo después de que denunció el mal manejo que se le estaba dando a los recursos de PP
Un asesinato, más víctimas y la urgencia de reparación
El 27 de mayo de 2015, en el barrio popular II de la comuna 6, mataron a disparos a uno de los veedores que venía denunciando la situación. Era Juan David Quintana, de 34 años, comunicador social, gestor cultural e integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. De acuerdo con información de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Juanda —como le decían de cariño— se convirtió en un objetivo militar de criminales de la zona justo después de que denunció el mal manejo que se le estaba dando a los recursos de PP y la forma en que este dinero estaría siendo aprovechado por paramilitares.
A Juanda le violaron su derecho a la vida, pero también el de la participación. No fue el único, según investigó la veeduría. Los escenarios donde la comunidad podía reunirse fueron concentrados en un pequeño grupo de contratistas, excluyendo a la mayoría de los habitantes de la comuna. Tal y como el caso de los pobladores alrededor de la quebrada la Cantera, quienes afirman que nunca han sido convocados a participar en la toma de decisiones, sobre la priorización de las acciones y de la inversión de los recursos; tampoco han sido consultados sobre estos temas, por parte de la JAL y/o el CCP, escenarios donde se toman las decisiones, con lo cual se les estaría violando el derecho a la participación.
Fotografía: Veeduría Casa 6
Fotografía: Veeduría Casa 6
Fotografía: Veeduría Casa 6
Desde la veeduría llegaron hasta los órganos de control, pero no fue sino hasta 2023 que con la hoja de ruta de Transparencia por Colombia comenzaron a reconocer los daños causados por la corrupción. Este reconocimiento se dio a través de la Hoja de Ruta, una herramienta que se encarga de caracterizar la información y comprender esos casos que son tan sofisticados, mientras propone una característica nueva que es reconocer a las víctimas de corrupción.
Al final, este diagnóstico identifica las afectaciones al derecho de participación en la Comuna 6, llamada Doce de Octubre, señalando como víctimas directas a la veeduría, que fue excluida del CCP y otros espacios de participación; a unas 15 organizaciones sociales que se marginaron debido a la falta de garantías; a dignatarios de las JAC que han sido excluidos por no apoyar el entramado de corrupción; y al CCP, que podría haber sido cooptado, obligando a algunos consejeros a retirarse por presiones. Además, el Comité de vecinos de la quebrada la Cantera, el cual ha sido indirectamente afectado, ya que los recursos destinados a su comunidad se habrían malgastado, y su derecho a participar en la toma de decisiones, ha sido vulnerado.
“Con todo lo que hemos adelantado, el riesgo ha disminuido, ya que nos hemos organizado mejor y estamos más pendientes. Sin embargo, es necesario tener una intervención integral en todas las quebradas para poder disminuir el riesgo de manera efectiva”, dice Heiler Orozco, líder de la quebrada La Cantera, otra de las comunidades afectadas por la supuesta corrupción. De ahí que, el objetivo de esta comunidad ahora es que, en vez de que los recursos, cuando se identifiquen como destinados a la corrupción, no retornen a la cartera del presupuesto estatal, sino que sean destinados a las comunidades que fueron afectadas después de haber sido vulnerados sus derechos en consecuencia de este delito.
Aunque actualmente no existe un fondo específico de reparación para víctimas de corrupción en Colombia, Transparencia por Colombia indica que el ordenamiento jurídico sí ofrece otras herramientas, como el proceso penal, para buscar justicia y reparación en estos casos. Por ahora, habitantes de la comuna 6, por medio de la veeduría, juntan más información en aras de presentar una acción popular junto con la Personería de la ciudad. El fin es que este mecanismo les dé la razón sobre los intereses colectivos que podrían haberse vulnerable y que, a su vez, les ayude a declararse como víctimas de corrupción, y así representar un hito de lucha donde el bienestar común sea un principio fundamental.
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En medio de las cristalinas aguas del Caribe, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resplandece no solo por su belleza natural, sino también por la fortaleza de sus habitantes. Entre ellos, emerge un miembro reconocido de la comunidad raizal, Jairo Rodríguez Davis, quien ha dedicado más de 30 años a la defensa de los derechos de su gente.
“De no ser por la gestión que vienen adelantando la Corporación Cartagena Visible y el Movimiento Ciudadano Frente Contra la Corrupción, así como los veedores Jorge Piedrahíta y Milciades Garcés”, afirmó William Murra Babún mientras entrelazaba los dedos cómo en señal de súplica, “a estas horas las murallas, el Cerro de la Popa y hasta las playas ya habrían sido vendidas”.
En 2023 a los jóvenes de Buenaventura se les prometió la adecuación del Centro de Atención Integral para la Juventud (CAIJÚ) un espacio en el que los muchachos de la ciudad podrían ocupar su tiempo a través de actividades artísticas, lúdicas y deportivas.
