Transparencia por Colombia (TPC) celebró los cinco primeros años del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), el pasado 1 de diciembre.
El evento contó con la presencia de Andrés Hernández, director ejecutivo de TPC, quien exaltó el trabajo de ALAC: “Quiero resaltar la importancia de esa escucha ciudadana y de ese diálogo ciudadano. Yo creo que, en gran medida, es como viene planteándose de un tiempo para acá parte de lo que nos está faltando [en Colombia], no solamente en la lucha contra la corrupción, sino en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la confianza hacia la institucionalidad democrática”.
Asimismo, Svenja Bonnecke, coordinadora regional del proyecto Sancus-Unión Europea, envió un mensaje de reconocimiento a la labor del Centro y destacó la importancia de crear medidas para proteger a los denunciantes de actos de corrupción.
“Todos los países que son parte de Sancus tienen falencias en sistemas legales, pero también políticas públicas, en la protección al denunciante, y el material que ha elaborado Colombia es fundamental para todo ese trabajo, ya que es la primera vez que se realiza un estudio con datos, con cifras exactas, para seguir empujando una mejor protección al denunciante”, indicó Bonnecke.
La celebración tuvo tres momentos principales. Primero, los hitos de ALAC, con la presentación del informe de balance del trabajo de estos cinco años. Para este punto, intervinieron Claire Lunay, directora programática de iniciativas con Sociedad Civil, Johana Cabra, coordinadora de ALAC, y Christian Castro, profesional del centro ALAC.
En estos cinco años, el Centro ha recibido 802 casos, de los cuales el 71 por ciento corresponde a hechos de presunta corrupción. Los años en que más se recibieron casos fueron 2018 y 2020, con 236 y 202, respectivamente. Respecto a 2018, se debió a que se trataba de un año electoral. «En el 2020 (…) las personas, debido a que estaban en cuarentena, tenían mayor disposición y disponibilidad para denunciar y, por otro lado, para hacer seguimiento a toda la contratación y todo lo que se dio en el marco de esta pandemia”, explicó Johana Cabra.
La mayoría de casos reportados ante ALAC, por otro lado, se relacionan con presunta corrupción administrativa, con el 79 por ciento. Además, en el informe se resalta que en el 41 por ciento de los casos recibidos se evidenciaron riesgos como amenazas contra la vida de los denunciantes, retaliaciones laborales, retaliaciones contra la honra y el buen nombre, e intimidación judicial.
Por esa razón, se reiteró el llamado a fortalecer la protección a los denunciantes. “Estuvimos reunidos con el Ministerio de Justicia, con el nuevo secretario de Transparencia, y hay buenas perspectivas. Pensamos en materia de un proyecto de ley de protección a denunciantes”, indicó Lunay.
El segundo momento clave del evento fue el de historias y perspectivas de personas que han acudido al centro ALAC para denunciar casos de presunta corrupción. Con la moderación del periodista Juan David Laverde, este espacio contó con la presencia de Audrey Robayo, de la fundación Mujer y Futuro, y de los reportantes Sergio Rodríguez Moncada y Heiman Augusto Patío David, quienes hicieron un llamado a persistir en las denuncias.
“Hay que seguir denunciando porque no podemos seguir permitiendo que los recursos públicos se queden en los bolsillos de unos pocos y no lleguen a la comunidad”, dijo Robayo.
Por último, el tercer momento de la celebración fue el conservatorio Perspectivas sobre la denuncia y la protección a denunciantes en Colombia, moderado por Claire Lunay, donde intervinieron Lina Marcela Velásquez, de la Vicepresidencia de Cumplimiento de Bancolombia; Diana Osiris, coordinadora de Políticas Públicas de la Secretaría de Transparencia; César Andrés Paredes, subdirector programático de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Lina Mercedes Ossa, responsable del programa Corporación Región.
«Acá tenemos un reto y es expedir la ley de protección a denunciantes, pero también garantizar que esa ley habilite una ruta de atención a denunciantes, y una ruta de atención integral. Es decir, no solamente una ruta pensada en cómo le ponemos un esquema de seguridad a esta persona para que no la maten, sino cómo logramos que esta persona pueda seguir haciendo lo que más nos interesa. Que tenga un acompañamiento psicológico, que tenga un acompañamiento jurídico, que conozca con claridad cuáles son los recursos que tienen para hacer justicia tanto en los casos donde hay procesos penales como en los procesos disciplinarios”, explicó Diana Osiris.
