Coordinador ponente: Roy Barreras. Según el ponente, este proyecto de reforma política trae varias modificaciones estructurales que van a permitir que la actividad política en Colombia sea más transparente y representativa. En su exposición resaltó la deuda histórica que se tiene con las mujeres respecto de su participación política, la necesidad de modificar los mecanismos de financiación para campañas y partidos políticos y las ventajas que traerían las listas cerradas y con alternación, así como el voto obligatorio por las próximas dos elecciones.
Coordinador ponente: Heráclito Landinez. El ponente resalta varios aspectos como de vital importancia para ganar la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Según el ponente, las listas cerradas, la democratización interna de los partidos y la financiación de campañas políticas con recursos públicos únicamente, permitirá que la actividad política en Colombia sea más transparente y representativa. En su exposición resaltó la deuda histórica que se tiene con las mujeres respecto de su participación política, de ahí que sea necesario que las listas sean cerradas, paritarias y con alternancia, además de que sean conformadas como resultado de mecanismos de democracia interna y no por decisiones unilaterales. Así mismo, destacó la necesidad de evitar que en las campañas políticos entren recursos particulares ni de dudosa procedencia, para asegurar la equidad en la competencia. La ponencia coordinada por el representante Landinez también incluyó la obligatoriedad del voto, la imposibilidad de restringir derechos políticos por parte de la Procuraduría General de la Nación y la segunda vuelta para elección de alcaldes y gobernadores de ciudades y departamentos grandes.
No
Reforma Política
Alta
Las listas cerradas evitan la financiación individual, al mismo tiempo podrían fortalecer el caracter programático de los partidos políticos en tanto se conjugen con otros esfuerzos como mecanismos democráticos y meritocráticos para la asignación de recursos.
El proyecto hace obligatoria la paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales y la alternancia, lo que asegura paridad también en las curules obtenidas por cada partido.
El proyecto establece la financiación completamente pública anticipada, para las campañas políticas.
Se incluye la obligación a las organizaciones políticas de rendir cuentas públicamente sobre volumen, origen y destino de sus ingresos y gastos. Así mismo, los candidatos deben rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados por parte de la organización política que los avaló.
Se identifican dos posibles retrocesos en la lucha contra la corrupción.
1. Transparencia en la financiación de la política. Establece que la financiación de campañas políticas se hará con recursos públicos únicamente. Se menciona que un porcentaje de los recursos será recibido por medio de anticipos, sin embargo no se aclara cuál será el porcentaje, ni se contemplan medidas que fortalezcan el proceso de entrega vía anticipos.
Además, las consultas internas como mecanismos de democracia interna se encuentran sujetas a las reglas de financiamiento de campañas, entra en contradicción el texto al permitir la financiación privada y dejarla bajo la responsabilidad exclusiva de las candidaturas.
2. Riesgo al equilibrio de poderes por cambios en el régimen de inhabilidades. El proyecto permite que los congresistas puedan pasar inmediatamente a ocupar un cargo del gobierno como un ministerio. Esta idea puede generar un conflicto de interés para los congresistas en su función de control político al gobierno, además de crear un desequilibrio en la separación de poderes pues puede restar independencia a los congresistas. Además, el proyecto autoriza por una sola vez hacer un cambio de partido, sin incurrir en doble militancia.
Además de esto se identificaron otros aspectos que pueden ir en contra de la lucha contra la corrupción.
Se establece que para la próxima elección a cuerpos colegiados, las listas electorales se pueden conformar de acuerdo al orden de votación anterior y sin condicionamiento de género, lo que en la práctica elimina los principios de paridad y alternancia de genero en las listas y afecta la renovación dentro del congreso, al asegurar los primeros lugares de la lista a quienes hoy ocupan una curul.
Se autoriza hacer tránsito de un partido a otro sin incurrir en doble militancia ni tener que renunciar a una curul, por una única vez.
Se propone el consenso como mecanismo de democracia interna para la conformación de listas y para la elección de cargos directivos al interior de los partidos, manteniendo la discrecionalidad en la entrega de avales. Esto va en contra del objetivo central de la reforma, es decir, democratizar e institucionalizar los partidos.
Se elimina el tope del 15% del umbral en las organizaciones políticas para presentar listas por coalición. Así, los partidos grandes pueden coaligarse y podrían verse perjudicadas las organizaciones pequeñas.
La discusión, tanto en los debates de senado como en la Comisión primera de Cámara giró en torno a tres temas principalmente.
Primero, frente a si la financiación debe ser completamente pública o también puede haber aportes privados. Se argumentó que la principal garantía para que haya una competencia equitativa en las campañas es que todos los partidos reciban la misma cantidad de recursos, y eso solo es posible si la financiación es exclusivamente pública; desde Transparencia por Colombia se ha expuesto que los aportes de personas naturales a las campañas políticas son también una forma legítima de participación ciudadana y que la necesidad gira entorno a los controles efectivos a las fuentes de financiación y el reporte y trámite de los conflictos de interés que se generan de acuerdo con la financiación recibida.
También hubo debate sobre la posibilidad de los congresistas de renunciar a su cargo para pasar a formar parte de manera inmediata al Gobierno con algún cargo público. Desde Transparencia por Colombia se ha destacado que esto implica un riesgo de corrupción, en tanto impacta el equilibrio de poderes y la independencia del Congreso frente al Gobierno.
Hubo fuertes discusiones sobre la posibilidad de conformar la lista electoral de acuerdo al orden de votación de las últimas elecciones, lo que en la practica asegura repetición de curul para la mayoría de los congresistas actuales.
También se discutieron temas como el voto obligatorio, la edad mínima de los congresistas, la segunda vuelta para elección de alcaldes y gobernadores de ciudades grandes y las inhabilidades para postularse a la Cámara de Representantes por las circunscripciones especiales de paz.