• Transparencia por Colombia presenta los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 en el cual Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 92 entre 180 países, descendiendo 5 puestos en el ranking global.
• El daño que genera la corrupción a la sociedad, a la garantía de los derechos fundamentales y a la confianza en la democracia, requiere una mayor demanda de un cambio real.
• En el camino al tercer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, los recientes escándalos de corrupción siguen afectando su promesa de cambio.

Bogotá, febrero 11 de 2025. Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presenta los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, el indicador global más importante sobre corrupción en el sector público. En esta medición, Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, es decir, un punto por debajo de lo obtenido en 2023, y pierde 5 posiciones en el ranking global ubicándose en la posición 92 entre 180 países evaluados.

El IPC confiere puntajes entre 0 y 100 a 180 países, donde 100 indica que un país se percibe como muy transparente, mientras que 0 muestra que es percibido como muy corrupto.

Los resultados

Los países mejor puntuados en el ranking global son Dinamarca con una calificación de (90), Finlandia (88), Singapur (84) y Nueva Zelanda (83), mientras que los tres más bajos son Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur ocupando la última posición con 8 puntos. El índice sitúa a Colombia muy lejos de Uruguay (76) y por encima de Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31).

En el contexto de los países pertenecientes a la OCDE, cuyo promedio fue de 65 puntos, Colombia se encuentra entre los países con más bajos resultados, solo superando a México (26) y Turquía (34).

El IPC, utiliza una metodología robusta que incluye fuentes de datos de expertos, evaluando comportamientos como sobornos, desvío de fondos públicos y captura del Estado, además de la efectividad en mecanismos existentes para prevenir la corrupción.

Gestión anticorrupción desdibujada y con poco alcance

Esta calificación refuerza una tendencia preocupante, pues cualquier puntuación por debajo de 50, indica problemas graves de corrupción. A pesar de haber tenido señales de una mejora en el indicador de años anteriores, el puntaje de Colombia en el IPC 2024 vuelve a mostrar estancamiento y, por lo tanto, falta de resultados.

A pesar de las promesas de cambio significativo, la administración del presidente Gustavo Petro no ha logrado posicionar la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica y se ha visto desdibujada por los escándalos que ha enfrentado, así como por cuestionamientos persistentes en círculos cercanos al presidente. A esto se suma que, a pesar de la atención e indignación que los grandes escándalos de corrupción siguen generando, el país aún no ve resultados en controversias como el desvío de recursos de la UNGRD, la presunta financiación irregular de la campaña del presidente de la República o acciones decididas en otras entidades que son objeto de cuestionamientos constantes, como Ecopetrol.

La calificación del IPC 2024 se suma a otros indicadores recientes que señalan la corrupción como el principal problema del país (Semana, 2024), advierten sobre el deterioro en la lucha contra la corrupción (Invamer, 2024) y califican la gestión anticorrupción del presidente como el aspecto con peor desempeño de su gobierno (Cifras y Conceptos, 2024). Ante este panorama, el gobierno enfrenta un reto significativo para recuperar la confianza ciudadana y demostrar un compromiso real en la lucha contra la corrupción.

Perspectivas para 2025: Entre desafíos y oportunidades

En diciembre de 2024, el gobierno expidió la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Con pocos meses por delante para su implementación, el gobierno nacional deberá poner el pie en el acelerador para que este sea un instrumento relevante y logre marcar alguna diferencia antes de culminar el mandato del presidente Petro. Sin embargo, el desafío que la corrupción sigue generando a la democracia colombiana es amplio e implicará una acción mucho más coordinada entre poderes públicos.

En 2025, la corrupción seguirá siendo un tema central en la agenda pública. Las investigaciones en curso sobre grandes escándalos pondrán a prueba la capacidad de las instituciones judiciales para avanzar en procesos decisivos. Además, el nuevo Procurador General de la Nación deberá demostrar rápidamente su independencia y efectividad en casos clave, en medio de cuestionamientos por su cercanía con el poder político y la importancia de su rol en el país.

El Congreso y los gobiernos locales también serán protagonistas, ya que este año se debatirá la ley que redefinirá las funciones entre la nación y los territorios tras la reforma al Sistema General de Participaciones de 2024, un proceso que deberá blindarse al máximo contra la corrupción.

Además, el país ha entrado en modo electoral, lo que plantea riesgos que deben abordarse de manera proactiva. El aumento de transacciones políticas y prácticas clientelistas podría elevar los riesgos de corrupción en la asignación de recursos y la ejecución del presupuesto. Al mismo tiempo, pese a la crítica situación fiscal, el gobierno enfrenta la presión de mostrar resultados concretos en el uso de los recursos públicos, lo que podría generar riesgos si no se cuenta con una adecuada planificación y los controles externos necesarios.

“El agotamiento frente a las promesas incumplidas no puede ser la constante de nuestra democracia. El 2025 será un año crucial para determinar si las instituciones y la sociedad civil están preparados para lograr y exigir un cambio real”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. “Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos. No se trata solo de combatir la corrupción, sino de construir confianza y devolverle a la ciudadanía la certeza de que sus derechos y necesidades están en el centro de la gestión pública.”