Sacar la corrupción del paisaje en Colombia no solo es posible, también es necesario. El reconocimiento de las víctimas de la corrupción, de los daños causados en ellas y la reparación de los mismos, son piezas fundamentales para esta transformación.
El acceso a la información pública se erige como un derecho fundamental, mientras que la publicidad de la información se configura como un deber jurídico de las autoridades públicas, quienes
están obligadas a difundir de forma activa, veraz, completa y oportuna toda la información relava a sus
actuaciones, especialmente aquellas relacionadas con el uso de recursos públicos, la toma de decisiones
administraƟvas y el cumplimiento de funciones consƟtucionales.
Se requiere un profesional para que apoye la consolidación de la estrategia propuesta por el área referente a proporcionar al sector empresarial insumos relevantes que contribuyan desde una óptica anticorrupción, a seguir trabajando en el marco de las instancias de acción colectiva y a fortalecer los principios empresariales a partir del diseño de herramientas anticorrupción.
Concebida como una megaobra clave para el desarrollo del país. Sin embargo, estuvo marcada por sobornos, contratos amañados, un fallo judicial que ordenó la reparación,
Andrés Hernández, Director Ejecutivo, de Transparencia por Colombia participó en la Audiencia Pública del proyecto de acto legislativo de transfuguismo, sobre el cual hemos manifestado que es altamente inconveniente para el país y nuestro sistema democrático.
Carta de la Presidenta de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo Nuestros Hitos 2024 Presencia Territorial Nuestros 12 Compromisos Órganos de Gobierno Nuestro Equipo
Este documento consolida respuestas a algunas de las preguntas hechas por los miembros de la CIDH durante la audiencia pública del 03 de marzo de 2025 sobre Obligaciones estatales de derechos humanos en contextos de corrupción.
Dejusticia y Transparencia por Colombia, dos organizaciones de la sociedad civil cuyo mandato incluye la defensa de los derechos e intereses colectivos, decidieron interponer una acción de tutela para impugnar la decisión del Consejo de Estado.
La línea del tiempo que a continuación se presenta recoge los hitos clave de la acción de litigio estratégico emprendida por las dos organizaciones, cuyo objetivo era lograr que se revocara la decisión del Consejo de Estado y se expidiera una nueva resolución que confirmara la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la libre competencia y el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, y, en consecuencia, ordenara la reparación integral de estos derechos colectivos afectados.
Comunicados 2025 Comunicado 2-2025 Informe sobre la contratación pública para la implementación del Acuerdo de Paz: persisten desafíos en el acceso a la información A
Este documento presenta: 1) la brecha que impide la trazabilidad integral entre los presupuestos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz y los contratos públicos que se financian con esos presupuestos.
