Transparencia por Colombia insiste en reiniciar el debate y fortalecer la protección integral. Defender a los “sapos de honor” no es opcional: es una responsabilidad política y social clave para cerrar la puerta a la impunidad y asegurar un espacio cívico libre y seguro.
El caso de Odebrecht-Aval no dejará de tener actualidad mientras no respondan ante la sociedad y la justicia todos los protagonistas, a todos los perjudicados y en la medida del daño causado.
En ese litigio se buscaba la protección a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público y acceso al derecho fundamental y servicio público de internet.
A pesar de las múltiples explicaciones sobre los impactos sufridos y el error del Consejo de Estado, Cabello y sus agentes decidieron desconocer su función de procurar la indemnización de los derechos colectivos y no presentaron la tutela.
Sacar la corrupción del paisaje en Colombia no solo es posible, también es necesario. El reconocimiento de las víctimas de la corrupción, de los daños causados en ellas y la reparación de los mismos, son piezas fundamentales para esta transformación.
Aunque no toda la información estará disponible para la ciudadanía hasta que se logren avances específicos, algo así como “no todo está publicado hasta que todo esté acordado”, como ciudadanos debemos trabajar juntos para impulsar avances en los procesos de negociaciones y pedir a las partes que pongan toda su voluntad para salir del conflicto, incluso con información limitada, pues se requieren ciertos niveles de confidencialidad para que las negociaciones avancen.
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La corrupción no es un mal menor en el país, y si bien existen algunos esfuerzos interinstitucionales en la lucha contra esta, para que sea efectiva debe haber una mayor valoración del rol de la ciudadanía y su participación en la veeduría ciudadana y el control social.
