#HablemosDeLaConstitución
Hace 34 años, en medio de una profunda crisis de legitimidad, exclusión y desconfianza en las instituciones, Colombia adoptó una nueva Constitución. Este nuevo pacto democrático abrió el camino hacia un Estado más participativo, descentralizado y comprometido con la transparencia.
Los trazadores sirven para obtener una mirada transversal en tanto permite rastrear los recursos que entidades de diferente naturaleza y orden territorial
destinan a determinados objetivos de política pública. Sin embargo, existen profundas debilidades que limitan la utilidad de los trazadores, no solo como herramienta para el seguimiento de los recursos, sino también como instrumento para la toma estratégica de decisiones.
Este documento da cuenta del estado actual del acceso a la información en el sector ambiental en el país, particularmente en torno a las medidas normativas e institucionales, y destaca algunos retos estructurales que deben ser abordados por el gobierno nacional 2022-2026 para avanzar en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 6 y de los compromisos del Acuerdo de Escazú.
El Movimiento Ciudadano Anticorrupción (MCA) lamenta que, por la inasistencia de las y los
senadores y las demoras en el trámite legislativo, esté en peligro la aprobación del Proyecto de Ley de protección a denunciantes de hechos de corrupción número 291 de 2023, conocido como “Ley Jorge Pizano”.
Transparencia por Colombia insiste en reiniciar el debate y fortalecer la protección integral. Defender a los “sapos de honor” no es opcional: es una responsabilidad política y social clave para cerrar la puerta a la impunidad y asegurar un espacio cívico libre y seguro.
Se requiere apoyo para asegurar que el proceso de la información contable y financiera se realice de manera exacta, confiable y cumpla con los requisitos y normas aplicables para la elaboración de los estados financieros e informes a
socios y cooperantes para su posterior presentación y/o socialización a los grupos de interés.
El intento de convocar una consulta popular mediante decreto presidencial es un riesgo para la democracia y una violación a la separación de poderes. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a respetar las vías institucionales, fortalecer el diálogo y defender el Estado Social de Derecho.
Una campaña para el sector público Cada día, en oficinas, pasillos y escritorios se toman decisiones que cambian vidas Si trabajas en el sector público,