Clan del golfo, una historia de lavado de activos
Aparece el "Clan del Golfo"
La Policía Nacional de Colombia (PNC) a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación (FGN), desarticuló a finales del 2021, una organización criminal dedicada al lavado de activos al servicio del grupo armado organizado “Clan del Golfo” (Revista Semana, 2021).
En una operación simultánea adelantada en Pereira, Medellín y Santa Marta, las autoridades capturaron cuatro integrantes de la organización criminal, entre los que se encontraba Hipólito Mendoza Zea, conocido como “El Doctor’” y tres de sus colaboradores. Los integrantes capturados, entre 2011 y 2020, habrían estructurado alrededor de once empresas fachada a través de las cuales movían el dinero producto del narcotráfico en sectores productivos como la construcción, hotelería, alumbrado público, haciendas ganaderas y otros sectores relacionados con la contratación departamental y/o municipal. Según las autoridades, las once empresas registraron un patrimonio en activos superior a los $109.000 millones de pesos COP (Policía Nacional, 2021).
De acuerdo con el documento ‘Informe de Tipologías Regionales 2009-2016’, publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la ganadería es una de las actividades más usadas para lavar dinero.
(Infolaft, 2021)
Modus operandi
De acuerdo con las autoridades, “El Doctor” era el cerebro de la organización criminal y en conjunto con contadores, ingenieros y administradores, entre otros; asesoraban a miembros del Clan del Golfo con el fin de lavar el dinero de sus actividades, por medio de la creación y/o uso de empresas fachada. Su operación contenía los siguientes elementos característicos (RCN Radio, 2021):
¿Cómo terminó el caso?
Alias “El Doctor” y sus colaboradores fueron procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados. En suma, 3.015 bienes muebles e inmuebles, ganado, sociedades y establecimientos de comercio avaluados en más de $250.000 millones de pesos COP, fueron confiscados a dicha organización con la medida de embargo, secuestro y suspensión del poder. Los mencionados activos estaban ubicados en los departamentos de Atlántico, Cundinamarca, Córdoba, Antioquia, Vichada, Boyacá, Meta, Quindío y Risaralda (Infobae, 2021).
¿Se pueden mejorar los controles para evitar actos de corrupción desde las instituciones?
Sí, desde Transparencia por Colombia compartimos algunas recomendaciones con el fin de seguir aportando a la lucha contra la corrupción en el sector empresarial.
Existe la necesidad de motivar a las entidades de supervisión del sector privado a diseñar estrategias para contrarrestar y monitorear la operatividad de ciertos sectores de la economía propensos para cometer ilícitos.
Es importante que en los procesos de contratación estatal se conozca y verifique la información referente a los beneficiarios finales de las empresas que participan en dichas convocatorias, con el fin de contrarrestar el riesgo de adjudicar contratos a personas naturales que tengan antecedentes de lavado de dinero y/o que estén relacionados con grupos al margen de la ley.
Igualmente, en este caso en particular, es evidente que la corrupción en el ámbito empresarial tiene consecuencias más directas en la sociedad, por ejemplo, con la vulneración de derechos – como el de acceso a servicios públicos – adicional al evidente fraude fiscal, el cual corresponde a 65 billones de pesos COP anualmente, aproximadamente el 5.4% del PIB (Fedesarrollo, 2022).
